“La limitación de las funciones del INDEPA originó que se pierda un espacio de representación e institucionalización del diálogo entre el Estado y las comunidades andinas, amazónicas y afroperuanas, tan necesaria para la implementación del mecanismo de consulta previa que tendremos más adelante y tan urgente en los problemas mediaombientales (agricultura versus minería) que vemos en los conflictos que pasan las comunidades del interior del país”, afirmó Carmen Omonte, vocera de Alianza Parlamentaria y co-autora del proyecto junto al congresista Casio Huayre.
Agregó que la mejor manera de encarar estos conflictos sociales es adelantándose a ellos y eso implica fortalecer los espacios de representación que el Estado tiene para mantener un diálogo permanente con las organizaciones representativas de los pueblos originarios “y hacia eso debe encaminarse el INDEPA”.
Entre las razones que abonan la restitución plena de las funciones del INDEPA se encuentra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”.
INDEPA fue creado mediante Ley 28495 como el órgano rector encargado de proponer y supervisar el cumplimiento de políticas nacionales, así como coordinar con los gobiernos regionales la ejecución de proyectos y programas dirigidos a la defensa, investigación y afirmación de los derechos de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos.
El gobierno del Presidente Alan García, lejos de institucionalizar la representación de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, a través de un organismo creado para dicho fin, dispuso mediante el D.S. 001-2010-MC, la absorción del INDEPA al Ministerio de Cultura pasando muchas de sus funciones al Viceministerio de Interculturalidad.
Lima, 13 de Noviembre de 2011.
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